GESTIÓN CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES

¿Llegó la hora de cambiar la gestión de los campos de fútbol municipales?...la contestación debe ser afirmativa.

He expuesto mi criterio y postura en muchas ocasiones tanto en público como en privado.

Las instalaciones, los campos de fútbol municipales, son patrimonio del Ayuntamiento y por ende de los ciudadanos de Gijón.

Gijón, a través de sus instituciones con competencia en el deporte, ha implantado a lo largo de los años un modelo de gestión privada de lo público que ha generado anarquía e insolidaridad, que ha conducido a provocar desigualdades entre los clubes por la concesión ilegal, sin ninguna legitimidad jurídica, de las instalaciones de propiedad municipal para un uso y disfrute privado de lo público, y lo que considero más grave, permitiendo la explotación privada y sin reversión alguna de todos o parte de esos beneficios, a las arcas municipales.

Existen en la actualidad numerosos campos municipales distribuidos por la ciudad. Desde el sentido común, debería iniciarse un proceso de cambio en la gestión, que pasaría a ser pública, debiendo ser el Patronato Deportivo Municipal el gestor y el elemento integrador de la asignación de los espacios, y que conllevara un reparto equitativo entre todos los clubes de la ciudad. Esto no es ninguna novedad, véanse como se gestionan otras instalaciones deportivas en la ciudad.

En gran número de ciudades de la geografía española, me atrevo a decir que Gijón es excepción, se ha optado por una gestión pública de sus campos de fútbol municipales, consiguiendo que todos los clubes de fútbol de las distintas ciudades tengan su espacio para realizar su actividad deportiva, situación que no ocurre en Gijón.

¿Cuál es el modelo?...la gestión pública que permita el acceso a los campos de fútbol municipales en igualdad de condiciones para todos los clubes de la ciudad.

¿Qué legitimidad tienen los clubes de fútbol que actualmente gestionan campos municipales?...Ninguna...

Lo instituido, desde mi punto de vista adolece de cobertura legal, se dispone de lo público en beneficio privado en una ilegitimidad manifiesta, por ello el cambio en la gestión es necesario por hechos y por derechos.