Si el caso Eldense fue sonado y de infausto recuerdo, este lo es más por su dimensión, que no se ciñe a un partido, sino a un número considerable de partidos en diversos lugares de la geografía española.
Es de destacar que este tipo de acciones, no solo son sancionables en la normativa deportiva, en vía administrativa y disciplinaria recogida en el artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF, sino que están tipificadas como delito en el Código Penal, en el artículo 286 Bis.4, introducido exnovo por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que modificaba la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Modificado por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, vigente desde el 1 de julio de 2015.
El Párrafo 4 del Artículo 286 Bis del Código Penal literalmente dice:
"Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición de especial relevancia deportiva o económica"
La pena que conlleva este delito va desde 6 meses a 4 años de prisión; inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio de 1 a 6 años, y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o de la ventaja.
Lo destacable es la reprobación penal actual ante casos de amaño de partidos con apuestas de por medio y que los participantes deben considerar para no incurrir en delito de corrupción.
Desde la LFP y la CTT (PROLIGA) se viene insistiendo en estos temas, que consideran de una gravedad impropia e intolerable en el fútbol, informando a los clubes no profesionales para evitar la corrupción deportiva.
